Cuando ha transcurrido más de un año desde
el ataque indiscriminado por parte de unidades militares y policiales contra
miles de civiles saharauis que pacíficamente reclamaban sus derechos económicos
y sociales en el campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún, en los territorios
ocupados del Sáhara Occidental, las autoridades de ocupación, el Tribunal Penal
Militar marroquí, pretende ahora juzgar a 24 jóvenes saharauis que desde
entonces se encuentran presos en la prisión marroquí de Salé por su
participación en el campamento de la dignidad.
Utilizando falsas acusaciones de
pertenencia a banda armada o uso de la violencia, una vez más, el régimen
marroquí muestra su verdadero rostro y responde con represión
injustificada a las justas y pacíficas reclamaciones del Pueblo Saharaui que
desde hace más de 35 años reclama el ejercicio de su inalienable derecho a la
autodeterminación.
Esta acción, tan propia de regímenes no
democráticos, supone una nueva muestra de la falta de voluntad del Gobierno
marroquí para negociar con seriedad la solución del conflicto histórico del
Sáhara Occidental en los términos de las resoluciones de la ONU.
En su lugar, pretende organizar nuevamente
un juicio farsa, tal y como venimos conociendo en los últimos años,
desarrollados siempre bajo un ambiente de tensión, militarización del exterior
y la sala de audiencias, desórdenes públicos y manifestaciones políticas que
dañan directamente el derecho a una defensa justa, atentan física y
psicológicamente contra los acusados, sus familias y los observadores
internacionales presentes.
Ante este nuevo atropello a la justicia,
CEAS-Sáhara solicita:
· del nuevo
Gobierno Español, dadas sus responsabilidades históricas y jurídicas en el
proceso de descolonización del Sahara Occidental, así como su papel relevante
en el contexto de las relaciones internacionales, que se pronuncie públicamente
contra este juicio absurdo e intervenga ante el Gobierno de Marruecos para
detener los procesos judiciales ante la jurisdicción militar de civiles
saharauis y garantizar las condiciones de un juicio imparcial de los presos
saharauis o su inmediata e incondicional puesta en libertad.
· del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, y del Enviado Personal para el Sáhara
Occidental, Christopher Ross, de la Unión Europea y de sus gobiernos que se
pronuncien también públicamente contra estos hechos y utilizando todos los
recursos democráticos a su alcance, realicen las presiones necesarias sobre el
Gobierno de Marruecos para que definitivamente se ponga fin a esta espiral de
represión y violencia, y se de paso a una solución política que asegure el
derecho del Pueblo Saharaui a la autodeterminación.
CEAS-Sáhara
Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara
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